La crisis humanitaria, ocasionada por el conflicto social y político, es mucho más grave y compleja de lo que el común de los ciudadanos percibe y el gobierno a regañadientes reconoce. Quizá el Establecimiento lo entiende muy bien, pero el reconocimiento público le demandaría respuestas y acciones que riñen con sus intereses. Es un conflicto de intereses mezquinos, fundamentados en el egoísmo y la bajeza de la condición humana.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) señala que solo en el 2002 fueron desplazadas 412.553 personas, hubo 4.512 asesinatos políticos, 544 masacres con 2.447 muertos, 744 desaparecidos y 783 arrestos arbitrarios de civiles. Al alcanzar el 2009, las cantidades se triplican, bajo diversas modalidades y sesgos. Los desplazados superan los tres millones. El 54 por ciento son mujeres y el 20 por ciento tienen hijos menores de 18 años.
Los hechos violentos se mantienen o crecen porque permanecen las causas que los generaron. Despojo y apropiación violenta de la tierra y desplazamiento forzado. El 94 por ciento de los desplazados poseían tierras. Concentración de la propiedad. Defensa o conquista de áreas y corredores estratégicos para el tráfico de armas y drogas ilícitas, que, lejos de ser controladas, a pesar de la propaganda mediática, hacen que el negocio se consolide y sofistique hasta lograr permear y corromper a funcionarios y diversos segmentos de la sociedad, y constituir amenaza de inviabilidad de la mediocre democracia electoral vigente. Retaliaciones, reclutamiento de menores, instalación de minas e involucramiento indebido de personas, por la paga de recompensas instituidas por el Gobierno. Indigencia, desempleo y subempleo. Ejecuciones extrajudiciales. Todo, consecuencia de una cadena de complicidades y políticas de exterminio concertadas entre políticos, instituciones del Estado y organizaciones criminales con similitud de intereses. El poder económico y político.
Los resultados de las investigaciones judiciales no dejan duda. Este panorama aberrante tipifica la crisis humanitaria nacional, sin que el Establecimiento, a través del Gobierno, decida implementar políticas de Estado para superarla.
La ausencia de políticas sociales del Gobierno que consulten y prioricen el desarrollo integral de la nación y la tendencia incondicional de privilegiar el capital hacen imposible la reducción de la pobreza y la indigencia, caldo de cultivo de la inseguridad y la violencia. La prueba: más del 60 por ciento de la población está desempleada, subempleada en la informalidad, mientras que la demanda alimentaria básica es cubierta con importación de más de 9 millones de toneladas (2008). Ocurre en Colombia, con más de 44 millones de hectáreas aptas para la agricultura, con escasos 4 millones de hectáreas cultivadas, similares a las de 1990, cuando la importación de comida alcanzó 1 millón de toneladas. No producir esos alimentos impone la negación del derecho al trabajo a más de tres millones de colombianos, que podrían disfrutar de él si se produjera en el territorio nacional.
La bonaza económica del 2002 al 2007 fue desperdiciada por el Gobierno, y sus dividendos, utilizados en asistencialismo humillante y anestesiante de conciencias. Tal las limosnas a Familias en Acción. La deuda interna y externa alcanza niveles inéditos. Las transferencias al sector financiero, vía intereses, supera con creces el gasto en salud, en educación o la inversión en infraestructura.
La violencia común y de grupos criminales organizados crece exponencialmente, al ritmo que crece el gasto del aparato de seguridad del Estado, que ya supera los 75.000 millones de pesos diarios, sin contar las adquisiciones del exterior.
Este panorama sombrío lo alimenta y profundiza la crisis institucional, que deriva del colapso ético y moral de los círculos de poder a que los sometió el narcotráfico, con la complacencia, abierta o velada, de la mayor parte de la sociedad. Por ello, no solo existen los carteles del narcotráfico, sino los carteles de la contratación pública y de la feria del patrimonio público. Es el imperio de la corrupción y el caos moral.
Este caótico espejo social y político demanda de los colombianos honestos decisión y responsabilidad. Podemos ser muy responsables por omisión, desidia e indiferencia. Podemos hacer mucho.
Marcos Silva
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